Desde julio de 2025, el cierre de sucursales bancarias en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires comenzó a acelerarse de manera sostenida, en un contexto marcado por la "reestructuración" del Banco de la Nación Argentina, que anunció el cierre de 60 sucursales, bajo el discurso de establecer "un fuerte proceso de digitalización de servicios". Lo que inicialmente fue presentado como una "modernización del sistema", hoy aparece como parte de un fenómeno más amplio que ubica la reducción de la presencia bancaria en el territorio, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, con escasa o nula intervención del Estado nacional.

En las últimas semanas se conocieron nuevos casos que reavivaron la preocupación local. La sucursal del Banco Santander en Roque Pérez anunció su cierre, y días después se confirmó que el Banco Hipotecario cerrará su filial en Tandil en un plazo aproximado de 90 días. Ambos casos fueron denunciados por La Bancaria, el gremio del sector, que viene advirtiendo sobre un "goteo constante" de cierres sin planificación pública ni debate institucional.

Un fenómeno sin registro oficial consolidado

A pesar de la magnitud del proceso, no existe un registro público oficial que detalle cuántas sucursales bancarias cerraron desde julio de 2025, ni su distribución por provincia o localidad. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un listado actualizado de sucursales habilitadas, pero no publica un historial de cierres ni informes comparativos interanuales. De este modo, la información llega de manera fragmentada, a través de comunicados gremiales, denuncias sindicales y notas de medios locales, lo que dificulta dimensionar el alcance real del fenómeno.

Ajuste, digitalización y cambio de paradigma

Desde el sector bancario, los cierres suelen justificarse en tres argumentos principales; el crecimiento de la banca digital y la caída de operaciones presenciales, el alto costo operativo de sostener sucursales físicas y un contexto económico con menor rentabilidad financiera y retracción del crédito.

Sin embargo, estos factores (presentes desde hace años) se profundizaron en el último semestre, en un marco de ajuste generalizado del gasto y reordenamiento del rol estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El Estado: de garante territorial a espectador

Uno de los puntos centrales del debate es el cambio de actitud del Estado nacional frente al sistema financiero. A diferencia de etapas anteriores, donde el cierre de sucursales (especialmente en el interior) generaba gestiones políticas, advertencias oficiales o acuerdos de continuidad, hoy no hay señales de intervención ni presión estatal para sostener presencia bancaria.

El Gobierno nacional sostiene una visión de mercado en la que la banca funciona como un servicio privado, regido por criterios de eficiencia económica, sin considerar la función social del sistema financiero, particularmente en localidades donde los bancos cumplen un rol clave para jubilados, pymes, productores y organismos públicos.

El cierre de sucursales bancarias desde julio de 2025 no responde a un hecho puntual, sino a una transformación profunda del sistema financiero argentino, acelerada por el contexto económico y por un Estado que decidió correrse del rol de articulador y garante territorial.

En ese escenario, la pregunta que empieza a instalarse en muchas localidades es clara: ¿quién garantiza el acceso a servicios bancarios básicos cuando el mercado decide retirarse? Por ahora, la respuesta parece quedar librada a la lógica de la rentabilidad y a una digitalización que no siempre contempla las realidades del interior.

Por Mariángeles Zanazzi